Elkarrekin Podemos reclama una política fiscal que proteja el poder adquisitivo de la ciudadanía y un programa de promoción de vivienda de protección pública en alquiler

La formación registra cinco mociones tras el pleno de política general de la pasada semana para su debate en la sesión plenaria de mañana martes en las Juntas Generales de Bizkaia

Las propuestas también piden una atención de calidad en los servicios residenciales de atención a personas dependientes y un servicio de transporte público rural en varias comarcas
 
Elkarrekin Podemos ha registrado cinco mociones tras el pleno de política general de la pasada semana en las Juntas Generales de Bizkaia, que reclaman utilizar la política fiscal como instrumento para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía y reforzar la capacidad redistributiva del sistema tributario; impulsar un programa foral de promoción de vivienda de protección pública en alquiler, o asegurar una atención suficiente y de calidad en los servicios residenciales de atención a personas dependientes.

Igualmente, las propuestas también piden a la Diputación la puesta en marcha de un servicio de transporte público rural en Enkarterri, Lea Artibai, Arratia, Mungialdea y Durangaldea, e incorporar de manera expresa un enfoque de derechos y no estigmatización sobre los menores migrantes que protege.

Las diferentes mociones presentadas por los grupos se debatirán en la sesión plenaria de mañana martes 6 de octubre. Este es el contenido de las cinco mociones presentadas, que reclaman a la Diputación de Bizkaia:

1) Retirar el actual proyecto de Norma Foral de Medidas Tributarias 2026 y presentar una nueva propuesta que utilice la política fiscal como instrumento para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía, reducir las desigualdades y reforzar la capacidad redistributiva del sistema tributario.

La nueva propuesta deberá orientarse a proteger el poder adquisitivo de las rentas bajas y medias, adoptando medidas fiscales que alivien el peso de los gastos esenciales e ineludibles de los hogares, especialmente los relacionados con la vivienda y los cuidados, y asegurando que los beneficios fiscales sean accesibles y efectivos también para quienes disponen de menor renta, mediante mecanismos como la reembolsabilidad y otros instrumentos de carácter progresivo. Asimismo, la propuesta reforzará los ingresos públicos a través de tres vías; una mayor contribución efectiva de quienes disponen de mayor capacidad económica; la revisión y eliminación de aquellos beneficios fiscales que no acrediten un retorno social suficiente; y una fiscalidad de la vivienda orientada a desincentivar la acumulación y los usos especulativos.

2) Poner en marcha, a través de Azpiegiturak, un Programa Foral de Promoción de Vivienda de Protección Pública en Alquiler dirigido a incrementar de forma permanente el parque público de vivienda en alquiler en Bizkaia, mediante la adquisición, construcción y rehabilitación de viviendas y edificios, que mantendrán su titularidad pública y su destino permanente al alquiler protegido. El programa se desarrollará en colaboración con el Gobierno vasco y los ayuntamientos de Bizkaia, en el marco de sus respectivas competencias, priorizando las actuaciones en aquellos municipios en los que existan mayores dificultades de acceso a la vivienda.

3) Asegurar una atención suficiente y de calidad en los servicios residenciales de atención a personas dependientes. Por ello, pide a la Diputación definir, en colaboración con los agentes sociales y sindicales, la dotación de personal por categoría de atención directa que deberá garantizarse en cada turno de mañana, tarde y noche, atendiendo a la distribución y número de personas residentes por planta, al grado de dependencia y a la intensidad de los apoyos requeridos, así como a la carga asistencial que generan las tareas propias de cada turno.
 
Igualmente, solicita al Gobierno foral que aplique estas dotaciones en todos los servicios residenciales de responsabilidad foral e incorporarse como requisito en los procedimientos de contratación, concertación y financiación de plazas y servicios, de manera que su cumplimiento sea exigible con independencia de la modalidad de gestión del centro. Su aplicación efectiva -según se recoge en la moción- será objeto de inspección y control por parte del servicio competente de la Diputación.

4) Implantar antes de la finalización de esta legislatura un servicio de transporte público rural en Enkarterri, Lea Artibai, Arratia, Mungialdea y Durangaldea, garantizando la conexión de los núcleos de población y barrios dispersos con las cabeceras comarcales, los servicios básicos y las principales líneas de transporte público. Este servicio deberá garantizar cobertura los siete días de la semana, franjas horarias suficientemente amplias y frecuencias regulares que permitan utilizar el transporte público para los desplazamientos cotidianos vinculados, entre otros, al empleo, la educación, la atención sanitaria y el acceso a servicios.

Asimismo, estos servicios se integrarán en la red Bizkaibus, garantizando el uso de la tarjeta Barik, las mismas condiciones tarifarias y la gratuidad de los transbordos internos en las mismas condiciones que el resto de la red.

5) Incorporar de manera expresa un enfoque de derechos y no estigmatización tanto en su comunicación institucional sobre los menores migrantes que protege como en sus políticas de sensibilización y convivencia. Para ello, la Diputación deberá establecer y aplicar criterios de comunicación institucional sobre migración y, especialmente, sobre niños, niñas y adolescentes migrantes bajo su protección, basados en un enfoque de derechos, en el interés superior del menor y en la no estigmatización, evitando generalizaciones, estereotipos o mensajes que puedan alimentar la sospecha, el rechazo o la confrontación entre distintos grupos de población.

Igualmente, la moción pide al Gobierno foral que diseñe y ponga en marcha una estrategia específica de sensibilización y convivencia dirigida a prevenir el racismo, la xenofobia y los discursos de odio, combatir prejuicios y estereotipos, y favorecer una convivencia basada en el respeto, la inclusión y la cohesión social que se integrará en el II Plan de Diversidad y Cohesión Social 2025-2027-2030, concretando acciones, responsables e indicadores de seguimiento y evaluación.